6 de octubre de 2026 | Por andyr
El Consejo de Estado ha entrado en la recta final para emitir un fallo definitivo sobre la legalidad del incremento del salario mínimo para el año 2026. La decisión, que se tramita mediante sentencia anticipada tras cerrar la etapa de pruebas y acumular múltiples demandas, definirá el futuro del Decreto 1469 de 2025 emitido por el Gobierno Nacional, el cual fijó un aumento del 23 % en el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV).
Las Razones Detrás de la Revisión Judicial
El trámite ante la alta corte responde a un conjunto de demandas presentadas por gremios y ciudadanos que cuestionan la legalidad con la que el Ejecutivo fijó el ajuste salarial. Los principales puntos en revisión por el tribunal incluyen:
Criterios Legales Obligatorios: Evaluación de si el Gobierno Nacional respetó los parámetros normativos fijados por la Ley 278 de 1996, la cual exige ponderar la inflación registrada, la productividad laboral y la meta del Banco de la República.
El Concepto de “Salario Vital”: La incorporación de este concepto impulsado por estudios de la OIT para justificar la brecha de ingresos, analizando si desplazó o no los criterios tradicionales exigidos por la jurisprudencia.
Motivación Técnica del Auxilio de Transporte: La fundamentación con la que se ajustó el subsidio de transporte a $249.095 COP.
Un Ambiente de Alta Tensión Social y Económica
La inminencia de la sentencia mantiene en expectativa al sector productivo, a las centrales obreras y al Gobierno:
Perspectiva del Sector Empresarial: Los demandantes argumentan que un incremento de tal magnitud genera presiones en los costos de nómina, impactando la formalidad laboral y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
Posición del Ejecutivo y Centrales Obreras: Defienden que el aumento unilateral buscó proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar un ingreso que cubra el costo real de vida familiar.
Los Pasos Finales Hacia la Sentencia
Tras cerrar la recolección de pruebas, la Sala de lo Contencioso Administrativo recibe los alegatos finales de las partes y el concepto final del Ministerio Público. Con estos insumos, la alta corte dictará la sentencia que dejará en firme o anulará las condiciones de la remuneración básica en el país, sentando un precedente determinante en la política salarial colombiana.
